El peronismo y la excusa perfecta de la guerra contra la subversión

Desde el derrocamiento de Perón en 1955 y las continuas dictaduras militares e interrupciones democráticas, hasta el año 1973, fue la izquierda organizada quienes de alguna manera sostuvieron los avances en materia de derecho durante las dos primeras presidencias peronistas y fueron también la resistencia frente a los atropellos inconstitucionales del partido militar. Esta izquierda estaba conformada por organizaciones guerrilleras de tendencias leninistas y peronistas, pasando por grupos de jóvenes estudiantes y universitarios, algunos partidos políticos socialdemócratas que heredaban algunas tradiciones peronistas o adoptaban posiciones tercermundistas, hasta gremios que mantuvieron la forma de organización desde la década del cuarenta, pero que estaban liderados por personajes vinculados al sindicalismo de liberación o revolucionario. A finales de la década del sesenta, manifestaciones obrero-estudiantiles como el Cordobazo, el Rosariazo o el Tucumanazo, fueron determinantes para herir a las dictaduras militares que estaban en el poder. Claro que los gobiernos militares no cedían gratuitamente y uno de los tantos acontecimientos de Terrorismo de Estado durante el Siglo XX en Argentina fueron los fusilamientos en el Penal de Rawson a presos políticos.

            Lo cierto es que el accionar de las organizaciones guerrilleras, las juventudes estudiantiles, algunos partidos políticos y el sindicalismo revolucionario, obligaron a la dictadura militar del periodo 1966-1973 a llamar a elecciones. Cierto es también que las organizaciones de resistencia estaban alineadas estrechamente al peronismo y en sus consignas solicitaban por el regreso de Juan Domingo Perón al poder. Pero los planes del general eran otros.

            En junio del 1973, durante el regreso de Juan Domingo Perón al país por la renuncia de Héctor Cámpora y las elecciones que le había prometido para que retorne al poder, se sucedieron los acontecimientos de la Masacre de Ezeiza en un acto organizado para que hable Perón al momento de ingresar nuevamente al país tras su exilio. Se pude denominar esta masacre como uno de los primeros actos de Terrorismo de Estado en el marco de la tercera presidencia de Perón. Las razones consisten en que las organizaciones de la derecha peronista, lideradas por José Ignacio Rucci de la CGT, utilizaron recursos del Estado, con complicidad de las autoridades de este, para impedir la presencia de las organizaciones de la izquierda peronista en la llegada de Perón al país, como ser la Juventud Peronista y Montoneros y, de esta manera, desvincularlos del movimiento peronista en general. El 20 de junio de 1973, hombres de José Ignacio Rucci establecieron centros de operaciones en el Hogar Escuela Santa Teresa, cerca del aeropuerto internacional y el Hospital de Ezeiza; así también utilizaron ambulancias oficiales para trasladar armas, manipularon el sistema de comunicación del Automóvil Club Argentino, pusieron hombres armados alrededor del palco oficial del acto y dispusieron de francotiradores en los árboles y edificios de la zona. Al aproximarse al acto las organizaciones de la izquierda peronista fueron atacados con disparos de armas de fuego, dejando un saldo de trece (13) muertos y trescientos sesenta y cinco (365) heridos según datos de medios de comunicación de la época. No se cuenta con una cifra oficial, porque no se quiso realizar una investigación de los hechos.

            Ya con la fórmula Juan Domingo Perón-María Estela Martínez en el poder, desde el Ministerio de Bienestar Social comenzó a funcionar una organización parapolicial denominada la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A). Estaba dirigida por un ahijado de Perón: José López Rega. Su objetivo principal era limpiar al peronismo de los grupos de izquierda, es decir, continuar con el propósito de Perón a su regreso al país, que había iniciado con la Masacre de Ezeiza. Es así que con la excusa de perseguir “zurdos”, otorgándole un amplio espectro de personas a la definición, la Triple A cometió unos seiscientos ochenta y cinco (685) asesinatos, incluyendo a artistas, religiosos, intelectuales, estudiantes, sindicalistas revolucionarios y políticos de izquierda. Las acciones de esta organización parapolicial son catalogadas como delitos de lesa humanidad y corresponden al Terrorismo de Estado en Argentina durante el gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez.

            Desde 1973 hasta 1975, la violencia fue en aumento. La Triple A perseguía y asesinaba con el padrinazgo del peronismo y las organizaciones guerrilleras pasaban a la clandestinidad y atacaban cuarteles militares en pueblos del interior del país. Juan Domingo Perón muere en 1974 y la presidencia queda a cargo de su tercera esposa, María Estela Martínez. El hecho más determinante de su gobierno fue el Operativo Independencia, que buscaba disminuir el accionar del Ejército Revolucionario del Pueblo en la Provincia de Tucumán donde estos pretendían instalar un foco revolucionario. María Estela Martínez promulga el Decreto 261/75 que le permitía al Ejército Argentino “aniquilar el accionar de elementos subversivos que actúan en la Provincia de Tucumán”. En la práctica esto resultó en otro hecho de Terrorismo de Estado por parte del peronismo ya que, en vez de neutralizar o eliminar las estructuras de las organizaciones guerrilleras, se instalaron centros clandestinos de detención para torturar no solo guerrilleros, sino dirigentes sindicales, políticos y estudiantiles a los que se les acusaba de estar vinculados a las guerrillas que combatían en el monte; estos prisioneros nunca pasaron por los tribunales ordinarios de la justicia.

Como decía, el Decreto 261/75 de María Estela Martínez fue determinante porque le dio vía libre al Ejército Argentino para que, con la excusa de la guerra contra la subversión, ejecute secuestros, cautiverios clandestinos, tortura y eliminación u ocultamiento de los cuerpos con negación oficial sobre estas prácticas.

El peronismo le dio la oportunidad exacta a las Fuerzas Armadas de Argentina para justificar el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 con la excusa de iniciar una guerra contra la guerrilla que nunca la empezó, nunca la declaró, más allá de eliminar algunos grupos armados en combates rurales. Así también, el peronismo dejó el terreno allanado, gracias a sus organizaciones parapoliciales, para continuar con la política de persecución y Terrorismo de Estado.

Estructura del Terrorismo de Estado

El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe de Estado en Argentina y se conforma una Junta Militar integrada por representantes de las tres Fuerzas Armadas. Jorge Rafael Videla asume las funciones de los poderes ejecutivo y legislativo y establece un “estatuto” mediante el cual se sometían todas las leyes de la Nación, incluida la Constitución.

A diferencia del gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez, que utilizaban fuerzas parapoliciales para ejercer el terrorismo estatal, la Junta Militar organizó toda una estructura clandestina de amenaza, persecuciones, torturas, asesinatos. Esta estaba organizada de la siguiente manera:

Zonificación y descentralización: La Dictadura Militar dividió el país en cinco (5) zonas y áreas militares, donde en cada sector, las autoridades militares, tenían la libertad de ejecutar la represión estatal.

Centros clandestinos de detención: Para concentrar a las personas desaparecidas, se implementaron los centros clandestinos de detención, que no eran cárceles normales, obviamente, porque los presos no ingresaban por procesos legales, sino por la persecución política y arbitraria de los militares. Hubo más de seiscientos (600) centros clandestinos de detención distribuidos por todo el país, pero fueron cinco (5) los principales y los que más tiempo duraron: La ESMA, El Club Atlético, Campo de Mayo, El Vesubio y La Perla (los primeros en Buenos Aires y el último en Córdoba). Todos los centros tenían una estructura y funcionamiento similar: salas de tortura, habitaciones precarias para los detenidos, espacio de viviendas para torturadores y guardias y una capilla católica. Los centros clandestinos de detención estaban categorizados de la siguiente manera:

• Lugar transitorio: eran centros precarios y funcionaban como un lugar de recepción de desaparecidos, para luego ser trasladados a los centros más establecidos.
• Lugar de reunión de detenidos: eran más estables y tenían la infraestructura necesaria para alojar, torturar y asesinar a grandes cantidades de desaparecidos.

Grupos de Tarea: Eran grupos de militares encargados de realizar el seguimiento y secuestro de las personas desaparecidas. Luego los trasladaban a los detenidos ilegalmente a los centros clandestinos, los torturaban e interrogaban y finalmente sentenciaban la suerte de cada persona:

• Asesinato: se determinaba el fusilamiento de los desaparecidos, para luego ser enterrados en fosas comunes, tumbas sin identificación o algunas veces se incineraron grandes cantidades de cadáveres.
• Blanqueo: este era el proceso de legalización de los detenidos ya que pasaba a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, cuya suerte terminaba en el exilio forzado o el pase a una cárcel común.
• Liberación: se llevaban a las personas a lugares lejanos del centro clandestino, encapuchados y esposados, se los liberaba, pero amenazándolos con no denunciar lo que habían vivido.
• Continuidad del detenido como desaparecido: en algunos casos los detenidos continuaron como desaparecidos ya que eran utilizados como esclavos o rehenes de los militares para sus acciones. Ni se los asesinaba, ni se los liberaba. Continuaban apareciendo como desaparecidos.

Tortura: La tortura es una especie de símbolo central del Terrorismo de Estado en Argentina. Todas las detenciones, las desapariciones de personas, las formas de organizar los centros clandestinos y los grupos de tareas giraban alrededor de la tortura. Era un procedimiento diario, se practicaba ilimitadamente y los militares se jactaban de ser cada vez más creativos en sus métodos. Es la picana eléctrica, a su vez, el principal instrumento de este método represivo, pero las torturas incluían además disparos y heridas provocadas en extremidades, ahogamiento, fractura de huesos, cadenazos, poner sal sobre las heridas, cosido de la boca, mojar ropas y colchones con agua fría (sobre todo en la estación invernal). La violación era también una práctica habitual en las salas de torturas de los centros clandestinos, no solo penetración genital, sino también con objetos. La tortura psicológica estaba presente y uno de los ejemplos más crueles era presenciar la tortura de familiares o hijos (muchas veces niños).

Vuelos de la muerte: Otra práctica atroz de la estructura terrorista estatal era trasladar en aviones del Ejército a desaparecidos volando sobre el Océano Atlántico. Los detenidos iban drogados y se los arrojaba vivos al mar donde terminaban de fallecer. En el año 1977 aparecieron varios cuerpos en las costas de los balnearios atlánticos en la Provincia de Buenos Aires, pero los cadáveres fueron enterrados sin identificar. En el año 2005, un grupo de investigadores del Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de cuatro (4) integrantes de las Abuelas de Plaza de Mayo y una monja francesa que fueron arrojadas vivas al mar.

Deshumanización: Los desaparecidos sufrían violaciones, vejaciones, discriminación, torturas, entre otras prácticas en los centros clandestinos. También se les cambiaba el nombre y se los llamaba por un número. Todas eran acciones deshumanizantes para quebrar la moral de los detenidos.

Robo de bebés: La estructura terrorista tenía una política para los casos de las desaparecidas que llegaban a los centros clandestinos embarazadas. Se esperaba hasta el momento del parto para darle un destino (asesinato, cárcel común, etc.) y posteriormente se les quitaban los bebés, los cuales eran entregados a familias estrechamente vinculadas con la Dictadura Militar y sus cómplices. Actualmente, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo ha podido devolverle la identidad a más de ciento veinte (120) personas que nacieron en cautiverio y fueron entregadas ilegalmente a familias adoptivas y estiman que todavía quedan muchas personas más por identificar.

Las Fuerzas Armadas Argentinas, que tienen muy pocos honores sobre los cuales enorgullecerse, desarrollaron toda esta estructura clandestina y represiva de una manera tan eficiente que los mismísimos dirigentes de Estados Unidos los premiaron, tratando de exportar el sistema de Terrorismo de Estado argentino a Centroamérica, específicamente en la lucha contrarrevolucionaria en Nicaragua frente a los sandinistas. Es decir que, uno de los mayores logros de las Fuerzas Armadas de nuestro país, es haber hecho muy bien la tarea encomendada por el jefe supremo norteamericano, mostrándose servil también a la clase dirigente argentina. La estructura de Terrorismo de Estado planificada y ejecutada por los militares fueron catalogadas como uno de los mayores crímenes de lesa humanidad en las cortes internacionales de justicia.

Cómplices

Pero claro, todo esto no lo podrían haber hecho solos los militares. La complicidad de los siguientes sectores fue determinante también para ejecutar los crímenes de lesa humanidad:

• Estados Unidos (el jefe supremo): Bajo el patrocinio de la CIA, las dictaduras de América Latina en la década de 1970 unieron sus servicios de inteligencia para la persecución ilegal de activistas, sindicalistas, guerrilleros, artistas, periodistas, sacerdotes y opositores en general. Es así que deciden implementar la Operación Cóndor, que consistía en los esfuerzos de los Ejércitos de los países latinoamericanos para implementar el Terrorismo de Estado, con el padrinazgo de los Estados Unidos, reconocido tiempo después, durante la presidencia de Bill Clinton. En ese momento fue Henry Kissinger el hombre designado por el imperialismo norteamericano para dirigir las actividades de la Operación Cóndor. Kissinger fue juzgado por un tribunal en Francia por su complicidad con los delitos de lesa humanidad cometidos en Latinoamérica.
• Iglesia Católica Argentina: El arzobispado nacional no solamente tuvo vínculos estrechos con la Dictadura Militar, sino que además participaron de los centros clandestinos, algunas veces sirviendo de verdugos, otras veces simplemente dando la bendición a los torturadores y perdonándolos cristianamente por sus acciones.
• Empresariado: También, sirviendo algunas veces de centro de operaciones para los militares, otras veces de entregadores de empleados que no querían y en otros casos como financiadores de centros clandestinos, parte del empresariado nacional estuvo vinculado a los delitos de lesa humanidad. Solo por mencionar algunas, estas empresas tuvieron relaciones con la Dictadura Militar: Ford, Mercedes Benz, Acindar, Dálmine Siderca, Ingenio Ledesma, y Astarsa.
• Medios de comunicación: Gran parte de la prensa mayoritaria del momento volcó sus opiniones a favor de la Dictadura Militar. Pero quizás el caso de mayor complicidad es el del Diario Clarín que hasta provocó que los militares sean funcionales a ellos y no al revés, al conseguir, a través de la represión estatal, el manejo de la empresa Papel Prensa.
• Completan la lista varios funcionarios civiles que ocuparon puestos de gobierno durante la Dictadura Militar, algunos partidos políticos y varias asociaciones civiles.
• Y faltás vos, que te pensás rebelde publicando un meme negacionista en tu muro de Facebook.

La Dictadura Militar en Argentina ha reconocido, a través de la publicación de documentos confidenciales de la época, que ha asesinado a unas veintidós mil (22.000) personas durante su accionar. Completan la lista de treinta mil (30.000) víctimas del Terrorismo de Estado los asesinatos colaterales, los que pudieron exiliarse antes de ser capturados, las personas torturadas pero que recuperaron la libertad, los niños y niñas nacidos en cautiverio, los presos comunes que fueron asesinados en falsos motines (como ser la Masacre en el Pabellón Séptimo de la Cárcel de Devoto), personal que se encontraba realizando el servicio militar obligatorio y resultaron víctimas de exceso de la fuerza de sus superiores, religiosos que realizaban trabajos de base en sus parroquias, personas desaparecidas por su identidad sexual, entre otros perseguidos.

FERNANDO BARBARÁN

Columnista

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